La Federación Argentina de Colegios de Abogados – FACA – expresa su profunda
preocupación con motivo de la movilización convocada para el día 1º de febrero por
referentes de distintas organizaciones sociales con el declarado motivo de “echar” o
“exigir” la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La convivencia democrática en un estado de derecho supone que tanto
gobernantes como gobernados sin excepción deben ajustar su conducta a lo dispuesto
por la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia.
En lo que refiere a los objetivos de tal movilización cabe señalar que nuestra Ley
Fundamental prevé los mecanismos institucionales para la designación y remoción de
los tres poderes del Estado. En lo que aquí atañe, asigna a la Cámara de Diputados y
“sólo a ella” ejercer el derecho de acusar ante el Senado a los miembros de la Corte
Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal
desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes
después de haber conocido de ellos (art.53 C.N.). A su vez delega en el Senado de la
Nación la facultad exclusiva de juzgarlos en juicio público y resolver sobre su
culpabilidad y la procedencia de su destitución garantizando el derecho de defensa y el
debido proceso de los acusados (arts.59 y 60 CN).
Por el contrario, ningún grupo de personas so-pretexto de ejercer el legítimo
derecho a reunirse, manifestarse o peticionar a las autoridades, puede atribuirse los
derechos del pueblo y actuar en nombre de éste, en tanto esa función en un sistema
representativo y republicano de gobierno solo compete a los únicos representantes que
la propia Constitución Nacional reconoce (art.1 y 22 C.N.) cuales son los surgidos
democráticamente de su voluntad soberana.
Consecuentemente el llamado a una marcha con el fin de echar, procurar la
renuncia o la destitución de hecho de los integrantes de cualquiera de los tres poderes –
en este caso los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Nación – que son
pilares de nuestro sistema de gobierno, constituye un acto claramente lesivo al orden
constitucional, a las instituciones de la república y particularmente a la independencia
del Poder Judicial.
La preocupación inicialmente expresada cobra mayor dimensión –corresponde
decirlo- cuando se advierte que la convocatoria en cuestión es alentada, promovida o
justificada por funcionarios públicos, integrantes de los otros dos poderes e inclusive
del propio Poder Judicial, que en sintonía con la jerarquía de sus cargos son los primeros
llamados a conducirse con arreglo a la ley y absoluto respeto por los valores
republicanos.
Esta Federación Argentina de Colegios de Abogados, comprometida desde hace
más de cien años con la defensa de la democracia, las libertades públicas y el respeto
irrestricto por los derechos humanos, estima que ése, no es el camino; dicho esto desde
el convencimiento que sólo el respeto a la ley y el ejercicio responsable de nuestros
derechos ciudadanos, nos hará sentir miembros orgullosos de una Nación que nos
incluya a todos en un ámbito de paz social, justicia y libertad.
CABA, 26 de Enero del 2022.-
